jueves, 11 de mayo de 2017

EDUCACIÓN vs. SANIDAD

                                                      * Procedencia de la imagen

Ante la nueva polémica suscitada por la supresión de conciertos en varios centros educativos de nuestra comunidad, y en respuesta a la pregunta realizada por Mercedes Ventura, portavoz adjunta de Ciudadanos en el pasado pleno de las Cortes Valencianas, el "Conseller d'Educació" Vicent Marzá trató de justificar una actuación de claro carácter ideológico mediante una analogía entre los sistemas educativo y sanitario, como podemos leer en la siguiente noticia.  Curiosamente, días, antes yo ya había leído unas declaraciones de Mónica Oltra en las que también aparecía la misma comparación:
"Traslademos este tema a la Sanidad por ejemplo. Imaginemos que una persona ha de recibir un tratamiento que la Sanidad pública ofrece pero esa persona quiere que se le administre en un centro privado por las cuestiones que fuese. Y como ese hospital le gusta, exige a la Generalitat que firme un concierto para poder ir. Suena evidente, ¿verdad? Esa persona podrá ir al centro privado, claro que sí, pero como la Sanidad pública lo ofrece, pues tendrá que pagárselo de su bolsillo porque es su elección rechazar la pública y optar por la privada".
O Marzá sigue ciegamente "la voz de su ama" o se trata de un discurso prefabricado por el aparato de Compromís y repetido por todos los cargos del partido. Reconozco que es un argumento "resultón", convincente en una lectura rápida. Ahora bien, si reflexionamos un poco, veremos que es un razonamiento con trampa, simplista, burdo y que se desmorona como un castillo de naipes. Veámoslo.

Es innegable que se trata de dos servicios básicos y fundamentales para todos los seres humanos. Tanto la salud como la educación aparecen siempre entre las máximas prioridades de cualquiera a quien le preguntes, pero muestran algunas diferencias implícitas en su propia naturaleza. Para empezar, la educación conlleva una obligatoriedad  hasta, como mínimo, los 16 años, debiendo acudir a las aulas a diario; mientras que la asistencia sanitaria, aunque dura toda nuestra vida, solamente se recibe puntualmente, en caso de necesidad. En la mayoría de los casos, además, para tratar enfermedades, digámoslo así, comunes (como resfriados) por lo que no hay ninguna necesidad de acudir a una clínica privada para su tratamiento. Traigo esto a colación porque, tal y como plantean su defensa el binomio Oltra-Marzá, parece que no haya diferencias entre la sanidad pública y la privada (lo cual desconozco), y aprovechan para extrapolarlo al otro servicio, la educación. Sin embargo, mal que les pese a algunos reconocerlo, sí existen diferencias importantes entre los centros concertados y los públicos, como, por ejemplo, la interinidad del profesorado en estos últimos, las dificultades para implicar docentes en proyectos a largo plazo como consecuencia de la movilidad de los mismos, la enseñanza de la religión, la implicación de las familias... entre otras cuestiones más o menos significativas en algunos casos, pero que provocan que, aun hablando de un mismo servicio, presenten características que los hacen distintos.

Y esta diferencia es fundamental para introducir un segundo punto aspecto en el debate. La Constitución española garantiza ambos derechos, pero con un matiz fundamental para el tema que nos ocupa: mientras que en el artículo 27 (sobre educación) reconoce el derecho de los padres a elegir la formación moral y religiosa que esté de acuerdo con sus propias convicciones, imponiendo en el mismo artículo, además, a los poderes públicos el mandato de ayudar a los centros docentes que reúnan los requisitos que la ley establezca, no hay ningún apartado en el artículo 43 (sobre sanidad) en el que se regule que haya que financiar la sanidad privada. Por tanto, dado que nos encontramos ante situaciones legales diferentes, la comparación ya pierde gran parte de su sentido.

Y por último, está la cuestión económica, que yo creo que es donde más empeño ponen Oltra y Marzá para tocar la sensibilidad de la ciudadanía. Al respecto, lo primero que hay que señalar es que en el sistema sanitario español, aunque sí existe en la actualidad un régimen de conciertos, se trata de algo poco generalizado y menos conocido por la sociedad en general (de hecho, me pregunto si nuestros gobernantes autonómicos eran conscientes de ello cuando hicieron estas declaraciones... de ser así, ¿qué sentido tienen sus palabras?). Nunca se habla de ello, aunque me consta que también hay intenciones de eliminarlos. Sin embargo, nuestro sistema educativo goza de un amplio abanico de escuelas concertadas con gran demanda por parte de los españoles, con lo cual, su mantenimiento no aumenta los actuales presupuestos de ninguna administración. Por otra parte, tal y como plantean la analogía los representantes de nuestro gobierno autonómico, sugieren que suprimiendo los conciertos se reducirá el gasto, pues, según ellos, eliminas duplicidades. Sin embargo, la realidad es bien distinta. Todos los estudios serios realizados (especial énfasis en la palabra "serios") concluyen que el gasto por alumno es bastante mayor en la escuela pública que en la concertada, aunque difieren en la cantidad. Eliminando conciertos no solamente no reduces el gasto, sino que lo aumentas, ya que ese alumnado dejará de estar escolarizado en un centro para estarlo en otro. 

Dicho esto, me gustaría que, tanto el conseller Marzà como la vicepresidenta Oltra sean valientes y reconozcan que los verdaderos y únicos motivos que tienen para suprimir conciertos son ideológicos. No pasa nada. Están en su derecho. Y, ya de paso, que se pregunten por qué hay gente que, teniendo una escuela pública cerca, prefiere escolarizar a sus hijos en una concertada. Si lo que pretenden es mejorar la calidad de la primera, sin duda, dar con la respuesta a esta cuestión sería un paso importante para conseguirlo.


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